«México es la dictadura perfecta» afirmaba el escritor Mario Vargas Llosa en 1990 durante un debate televisado en México, organizado por la revista Vuelta. Vargas Llosa se refería al régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante más de 80 años, para describir lo que él percibía como un sistema autoritario disfrazado de democracia.
Actualmente el PRI perdió su hegemonía, pero su heredero ideológico MORENA el cual ha integrado a gran parte aquella militancia del PRI que gobernó México por 8 décadas, vuelve con un control férreo de la Asamblea y una reforma electoral en marcha, el presidente Andrés Manuel López Obrador está configurando lo que muchos temen podría convertirse en una nueva «dictadura perfecta» en México. Esta alarmante concentración de poder ha generado una profunda preocupación sobre el futuro de la democracia mexicana, que parece estar siendo erosionada a pasos agigantados.
El Resurgimiento del autoritarismo
Con el control casi absoluto de la Asamblea, AMLO ha impulsado una serie de reformas que le permiten consolidar su poder. La más controvertida de estas es su reforma electoral, que busca debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y reconfigurar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Con la mayoría legislativa de su lado, el presidente ha logrado avanzar sin una oposición efectiva, recordando la hegemonía que el PRI alguna vez tuvo, cuando la oposición era poco más que una formalidad.
Esta reforma electoral, conocida como el «Plan B», ha sido ampliamente criticada por su potencial para manipular las elecciones futuras a favor de MORENA, el partido de AMLO, consolidando así un sistema donde el Ejecutivo tendría un control casi total sobre los procesos electorales. La erosión de la independencia del INE y el TEPJF bajo esta reforma podría abrir la puerta a fraudes electorales y a un retroceso significativo en las conquistas democráticas que México ha logrado en las últimas décadas.
No satisfecho con controlar el legislativa y ejecutivo, AMLO ha lanzado una ofensiva directa contra el Poder Judicial, buscando modificar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este intento de reformar como se eligen los ministros de la SCJN proponiendo que sea a través de elección popular lo que permitiría posicionar a jueces cercanos a MORENA al frente de la Justicia, y abriría una brecha para que el narco financie campañas de jueces que favorecerían sus posiciones.
La retórica incendiaria de AMLO, quien ha calificado a los jueces que fallan en su contra como «enemigos del pueblo», recuerda las tácticas del PRI, que durante décadas utilizó el aparato del Estado para silenciar a la oposición y asegurar su dominio. Este lenguaje no solo amenaza la independencia judicial, sino que también fomenta un ambiente de miedo e intimidación, donde los jueces pueden sentir presión para alinearse con los intereses del gobierno.
Aliados: el narco y las dictaduras
A pesar de sus promesas de transformar la seguridad en México, la administración de AMLO ha sido incapaz de lograr mejoras significativas en este ámbito. El país ha enfrentado un aumento en los niveles de inseguridad, con altas tasas de homicidios y enfrentamientos entre grupos criminales. La creación de la Guardia Nacional, una de las principales iniciativas de seguridad del gobierno, ha sido criticada por su falta de eficacia y por la creciente militarización de la policía, que ha llevado a una percepción de impunidad y a una menor confianza en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.
En los últimos años, la administración de AMLO ha estrechado sus lazos con regímenes autoritarios como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, adoptando una postura favorable hacia estos gobiernos en foros internacionales y defendiendo su soberanía frente a las críticas sobre violaciones a los DDHH. Este acercamiento ha llevado a una política exterior que se aparta de la tradicional orientación democrática de México, provocando inquietudes sobre una posible afinidad con sistemas que desafían los principios de derechos humanos y libertad.
Simultáneamente, México ha visto un enfriamiento en sus relaciones con sus socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA). La administración de AMLO ha criticado abiertamente las políticas de Estados Unidos y ha generado tensiones en áreas clave como comercio, migración y seguridad. Este distanciamiento ha generado preocupación entre analistas y empresarios, que temen que México esté sacrificando su relación con aliados tradicionales en favor de una política exterior más alineada con regímenes autoritarios, lo que podría comprometer tanto la estabilidad política interna como el crecimiento económico del país.
Como la cereza de este cóctel autoritario, AMLO ha ofrecido asilo a Evo Morales tras su intento de golpe de estado, y a más de una decena de exfuncionarios ecuatorianos que tienen vínculos con el narcotráfico, así como causas abiertas en sus países de origen.
¿Un futuro oscuro?
La sucesión de Claudia Sheinbaum en el poder bajo el régimen de AMLO ilustra lo que muchos críticos denominan una «dictadura perfecta». A diferencia de una dictadura tradicional, que se centra en la figura de un dictador, este sistema se caracteriza por el ascenso de una élite que perpetúa su dominio mediante la erosión gradual de las libertades y los derechos humanos. La transición de poder a Sheinbaum no solo asegura la continuidad de la agenda política de AMLO, sino que también fortalece un modelo en el que la concentración del poder se disfraza de democracia, manteniendo una fachada de legitimidad mientras se restringen las libertades civiles y se debilita el sistema judicial y electoral.
Este enfoque asegura que el control autoritario se perpetúe a través de estructuras institucionales aparentemente legítimas, consolidando así una forma de gobierno que se sostiene en la represión y el control, más que en la figura de un dictador único. La combinación de estas maniobras ha despertado el temor de que México esté regresando a los días de la «dictadura perfecta», donde un solo partido controlaba todos los aspectos de la vida política y social. La comunidad jurídica y los observadores internacionales han expresado su alarma ante lo que consideran un asalto coordinado a la democracia mexicana.
El desenlace de esta confrontación podría determinar el futuro de la democracia en México. Si AMLO logra consolidar su poder sobre las instituciones clave del país, México podría estar a punto de vivir una nueva era de autoritarismo, bajo la apariencia de un gobierno democrático. La pregunta que muchos se hacen es si las instituciones mexicanas podrán resistir este embate o si el país se deslizará hacia una nueva «dictadura perfecta», donde el poder se concentra en manos de unos pocos, mientras la democracia se convierte en una mera formalidad.
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