Autor: Eduardo Aguilar. Coordinador Nacional de EsLibertad Guatemala. Escribe para el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas CADEP, la Hora, Frente Ciudadano Contra la Corrupción. Colabora con diferentes organizaciones pro libertad en la región latinoamericana.
Este jueves 3 de octubre, la República centroamericana de Guatemala llevó a cabo la finalización del esperado proceso de la elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia. Un largo y desgastante proceso que centró los esfuerzos y tiempo del Congreso de la República, Comisiones de Postulación y las instituciones necesarias para el desarrollo de la misma, y que ha resultado agotador para todos sus participantes.
Se puede establecer que ha habido un desgaste de las garantías republicanas en el país, ya que todos los partidos políticos, así como la presidencia del ejecutivo y organizaciones no gubernamentales (ONGs), han instrumentalizado por todas las vías posibles el proceso, como un método de posicionamiento de politización de las estructuras judiciales. Las narrativas propagandísticas penetraron, posicionando jueces en función del interés de grupos de presión y del oficialismo gubernamental o su oposición.
Aun así, fue gracias a la determinación de la VIII Magistratura de la Corte Constitucional de la República que no cedió ante las presiones políticas, tanto para alterar los plazos previamente establecidos al Congreso para el cumplimiento del mandato constitucional de elecciones de cortes, que sostenía en un status la categoría republicana del país, como a las solicitudes de extinción temporal por la mora en amparos y otros mecanismos jurídicos utilizados como medios dilatorios. Esto llevó nuevamente a la ruptura técnica del orden constitucional por el incumplimiento de la alternancia preestablecida constitucionalmente en el poder judicial.
Así, el Congreso se vio sujeto al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, que también reforzó su posición al establecer que «La CC también resolvió el pasado lunes que todos los amparos provisionales que ponían en riesgo la renovación de Cortes quedaban suspendidos, luego de que algunos aspirantes excluidos de las nóminas buscaban su incorporación al proceso». La máxima corte estimó que las acciones de amparo ponían en riesgo el sentido mismo de las garantías constitucionales y que el cumplir con la renovación judicial en las fechas que marca la Constitución no estaba sujeto a alegatos individuales, intereses partidistas o instancias del oficialismo y la oposición política.
Tal y como exponía el periodista Víctor Cuevas de la televisora GuateVisión:
Sin embargo, lo que pareció ser el cierre del proceso, ha iniciado una serie de ataques tanto en perfiles de redes sociales, congresistas, organizaciones indígenas o del mismo poder ejecutivo. Por ejemplo, el Presidente Bernardo Arévalo ya ha comenzado un proceso de instauración de narrativas de confrontación a los magistrados de las altas cortes, al declarar:
«Siempre supimos que el proceso de elección de cortes iba a enfrentar desafíos continuos, particularmente por parte de esa minoría corrupta que se resiste a desaparecer. Esa minoría aún tuvo injerencia en el resultado de la elección y eso nos muestra que persisten los desafíos que nos impiden un cambio más profundo para la justicia de Guatemala”
Lo que erosiona aún más el sistema institucional del país, ya que el presidente ha decidido declarar públicamente sobre la intención de establecer cortes a la medida. Algo que criticó fuertemente durante su proceso de postulación al cargo presidencial.
Además, los diputados del Congreso de la República no han tardado en cargar en redes sociales contra los magistrados electos de la Corte Suprema de Justicia, a la vez que exigen la no persecución política de miembros.
Mientras tanto, las estructuras rancias de políticos oportunistas y oficialistas de todos los espacios, luchan por instaurar un discurso aún más antagónico sobre las altas cortes, mientras la ciudadanía parece perder toda esperanza en la posibilidad del fortalecimiento judicial. Ello debido al uso cada vez más populista y menos objetivo de los procesos de elección.
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