La degradación monetaria: El impuesto invisible
Autor: Luis Cabrera Betancor, Estudiante de Ing. Electrónica y voluntario de SFL Canarias en España.
En las últimas décadas, millones de personas han visto cómo sus ahorros pierden valor sin que nadie les robe directamente en la billetera. La degradación monetaria —es ese proceso en el cual la moneda pierde poder adquisitivo por decisiones estatales o por políticas monetarias irresponsables— funciona como un impuesto invisible que deteriora la confianza de los ciudadanos sobre el dinero.
El liberalismo clásico nos recuerda que la moneda no es solo un medio de intercambio, sino también un depósito de valor. Cuando el Estado interviene para manipular la cantidad de dinero en circulación, altera artificialmente los precios y redistribuye así la riqueza, sin el consentimiento de quienes la producen. Y es así como los más pobres, que suelen ahorrar en efectivo y no tienen acceso a activos financieros que protejan su capital, terminan siendo los más perjudicados.
Un ejemplo claro es visible en países como Argentina o Venezuela, donde la inflación crónica destruyó el poder adquisitivo de los ciudadanos. Pero incluso en economías más estables, la emisión monetaria para financiar déficits públicos genera distorsiones que tarde o temprano se traducen en pérdida de confianza. La historia muestra que ningún país puede imprimir riqueza indefinidamente sin consecuencias.
La degradación monetaria no es un fenómeno inevitable; es el resultado de decisiones políticas. Bajo la excusa de “estimular la economía”, muchos gobiernos han convertido a los bancos centrales en herramientas de corto plazo para cubrir gastos que no pueden financiarse con impuestos visibles. Es más fácil esconder la deuda tras la impresora de billetes que enfrentar el costo político-social de un ajuste fiscal.
Desde la perspectiva liberal, el problema radica en la limitación de la libertad de elección monetaria de los individuos. Si el ciudadano estuviera en condiciones de poder elegir qué moneda usar —sea nacional o extranjera, física o digital—, el Estado perdería el monopolio que le permite degradar el dinero a su conveniencia. Experimentos como la dolarización en Ecuador o la circulación paralela de criptomonedas muestran que, cuando se permite la libre competencia, las personas tienden a protegerse frente a la mala política monetaria.
Defender la estabilidad monetaria es un derecho: es una condición básica para que la cooperación social funcione. La degradación del dinero genera desconfianza, fomenta la especulación de corto plazo y castiga al trabajador que ahorra. Un orden liberal exige que la moneda sea un contrato estable y no un juguete político.
En última instancia, la pregunta es simple: ¿debe el ciudadano trabajar para sostener el valor de una moneda manipulada, o debe la moneda sostener el fruto del trabajo del ciudadano? La respuesta liberal es clara: el dinero debe servir a la libertad, y no al poder.