Autor: Kiele Cabrera
El Partido Comunista de Cuba ha vuelto a restringir el acceso a divisas para las empresas extranjeras que operan en la isla, una decisión que refuerza un patrón de larga data del régimen de desprecio por la propiedad privada y los derechos de los empresarios independientes.
El Banco Central de Cuba anunció que las empresas ahora enfrentarán controles más estrictos sobre la retirada y transferencia de moneda extranjera desde cuentas bancarias locales, lo que es solo el último de una serie de medidas que cargan el peso de la crisis económica del país sobre el sector privado.
Las autoridades afirman que la medida es una respuesta a la continua presión financiera causada por el embargo de EE.UU., la disminución del turismo y la reducción de los ingresos por exportaciones. Sin embargo, los críticos argumentan que esta es una táctica recurrente del gobierno cubano para apoderarse del capital privado y limitar la autonomía de las empresas extranjeras e independientes cada vez que la economía tambalea.
Esta no es la primera vez que Cuba ha bloqueado la repatriación de divisas. Acciones similares han ocurrido durante crisis pasadas, especialmente en la década de 1990 durante la era del «Período Especial», cuando el gobierno impuso controles estrictos sobre las inversiones extranjeras y congeló arbitrariamente cuentas bancarias. Los empresarios independientes e inversionistas internacionales han manifestado repetidamente preocupaciones sobre la inseguridad jurídica en Cuba, donde los activos privados pueden ser confiscados de facto bajo el pretexto de «prioridades» nacionales, pero solo benefician financieramente a la élite comunista minoritaria y su círculo íntimo.
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Aunque los funcionarios del PCC insisten en que las restricciones son temporales, muchas empresas siguen siendo escépticas, señalando un patrón de promesas incumplidas y reversiones de políticas que han socavado continuamente la confianza.
Los líderes empresariales advierten que sin garantías legales y respeto por los derechos de propiedad, Cuba seguirá teniendo dificultades para atraer inversiones extranjeras sostenibles, justo cuando más las necesita.
En general, a medida que la inflación empeora y los bienes esenciales siguen siendo escasos, el régimen cubano parece recurrir a estrategias familiares de control centralizado forzado que violan los derechos humanos básicos, aunque signifique alienar a los mismos socios que podrían ayudar a estabilizar su economía.
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