Fiscal Ashley Moody denuncia a Biden-Harris por otorgar ciudadanía a criminales de alto riesgo y liberarlos en Estados Unidos
Autor: Eduardo Aguilar Murillo. Coordinador nacional EsLibertad Guatemala, Corresponsal Libertas Press para Guatemala.
El 3 de septiembre, la fiscal del estado de Florida, Ashley Moody, tomó acción directa contra una de las más cuestionables acciones de la dupla presidencial Biden-Harris, exigiendo respuestas sobre el porqué desde la Casa Blanca han importado a criminales para dejarlos libres en Estados Unidos.
Esto deriva de una solicitud de información documental planteada en marzo de 2024, referida a casos en los que delincuentes ingresan ilegalmente a Estados Unidos de América para realizar actividades criminales (por ejemplo, tráfico marítimo de drogas) y son detenidos en la jurisdicción territorial del país, o en el caso de extraditados hacia Estados Unidos de América por delitos de crimen organizado, terrorismo, etc. Al cumplir su sentencia, son puestos en libertad en el país con el beneplácito de las políticas migratorias de la administración actual.
Sin embargo, la solicitud de documentación protegida por la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA), emitida por la Oficina de la Fiscalía General de Florida en marzo, no encontró respuesta.
La fiscal dijo:
«Además de negarse rotundamente a asegurar la frontera, los informes indican que el presidente Biden y la fallida zar de la frontera, Kamala Harris, se niegan a deportar a peligrosos prisioneros inmigrantes ilegales una vez que son liberados de la prisión. Además de eso, los informes de la semana pasada muestran posibles extranjeros ilegales afiliados a pandillas extranjeras que superan complejos de apartamentos en ciudades estadounidenses. Esta administración ha dejado claro que no entregarán documentos que muestren este esquema peligroso e ilegal de manera oportuna. Ahora, las ciudades estadounidenses están sufriendo de una manera muy pública. No me quedaré de brazos cruzados y permitiré este abandono del deber, por eso presenté una demanda hoy»
Así, el punto principal de la demanda de la fiscal se cimentó en la gestión de la administración pública en relación con las personas que han cumplido sentencia por delitos en el país: «Históricamente, cuando los inmigrantes ilegales eran llevados a Estados Unidos para ser procesados por sus crímenes, se entendía que serían deportados una vez cumplida su condena».
Sumado a ello, la fiscal ha declarado sobre el actuar de la dirección tanto del presidente como de la vicepresidenta del ejecutivo en el gobierno federal, abriendo severas sospechas sobre el verdadero actuar de la administración en beneficio de la ciudadanía del país y sus intenciones.
Como también se cita en la solicitud de medidas cautelares adjunta al comunicado de la fiscal sobre la liberación de criminales en el país: «Eso fue así hasta que la administración Biden-Harris implementó su sorprendentemente irresponsable política migratoria, liberando a un número desconocido de criminales peligrosos directamente de las prisiones federales a nuestras comunidades, causando caos, anarquía y delincuencia«.
La fiscal también denuncia la incoherencia de las políticas migratorias que emergen desde la Casa Blanca. Pues no es posible pensar en una forma en la que deportas a miles de solicitantes de asilo o mantienes estándares exigentes para los visados de personas que intentan ingresar legalmente a Estados Unidos de América, mientras das todos los beneficios posibles a delincuentes internacionales y miembros de todo tipo de bandas de crimen organizado.
La fiscal sumó a su causa la situación en la que se encuentra la ciudad de Nueva York, donde las personas tienen que sufrir la violencia derivada de las políticas migratorias. En su X post:
«Para empeorar la situación, surgieron videos en los que miembros de pandillas latinoamericanas, supuestamente, han tomado edificios en diferentes barrios de ciudades del país. Todo ello, a pesar de la negación pública de las autoridades de estas ciudades al reconocimiento de la existencia de este tipo de sucesos».
Sin embargo, como reportó Estela Hernández: “El Departamento de Policía de Aurora, Colorado, informó el mismo día de la detención de Jhonnarty Dejesús Pacheco-Chirinos, de 24 años, acusado de intento de asesinato y otros cargos relacionados con un intento de homicidio el 28 de julio, y su hermano José Pacheco-Chirinos, indicando que ambos estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE)”.
La confrontación de la fiscalía contra la dirección de la Casa Blanca y su negativa a presentar la documentación gubernamental de esta política migratoria parece tan solo comenzar. Ha revelado las profundas fallas en la gestión de la migración y el uso instrumental de esta por parte de grupos criminales, aprovechando las vulnerabilidades y contradicciones del sistema.
No es posible predecir hasta qué punto ya se ha generado un daño para los sistemas de seguridad en el país, o los efectos precisos del sostenimiento de estas políticas. Pero sí se evidencia que la nación deberá realizar grandes sacrificios y esfuerzos si se plantea restablecer el orden y la seguridad que alguna vez tuvo, el mismo que permitió el desarrollo del «American way of life».
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